UPL califica de lamentable que la falta de entendimiento entre Gobierno y Junta acabe perjudicando las ayudas para la adquisición de descodificadores

Desde el año 2023 se tenía la certeza del apagón televisivo de todas las emisiones en SD, ya que a propuesta del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto (Real Decreto 16/2023, de 17 de enero) por el que se extendió un año más, hasta el 14 de febrero de 2024, el plazo para que todos los canales de Televisión Digital Terrestre (TDT) que lo precisen evolucionen sus emisiones a alta definición (HD) y dejen de emitir en formato estándar (SD). De tal manera que aquellas personas con televisores antiguos, si quieren seguir viendo la televisión tienen que adquirir uno nuevo o un descodificador que permita la recepción de la imagen en HD en la televisión digital terrestre.

A pesar de conocerse tal circunstancia y que la fecha del apagón se produciría ya inexorablemente el 14 de febrero de 2024, el Gobierno de la Nación, pese a sus competencias en la materia, no asumió su obligación de financiación a las autonomías para la compra de descodificadores y la Junta de C. y León ha estado mareando la perdiz con esta pretensión de que fuese el gobierno de España el que asumiese las ayudas para aquellas personas necesitadas de la compra de nuevos receptores, o descodificadores, para garantizar el servicio en formato HD.

Ahora resulta que a través de los medios de comunicación nos enteramos que la Consejería de Movilidad y Transformación Digital de la Junta a esta fecha se encuentra trabajando en los formularios para solicitar las ayudas que ahora asume a pesar de ser competencia estatal, y que hasta el mes de marzo no estarán disponibles.

Resulta absolutamente lamentable y de una desfachatez integral que conociendo desde el año 2023 el inexorable apagón televisivo, y sabiendo la cerrazón del Gobierno de la Nación del Partido Socialista en esta materia, no estuvieran previstas las ayudas para poderse solicitar, cuando menos desde el mes de enero de 2024, porque entre que hasta marzo no se puedan solicitar y la tramitación administrativa, habrá muchos hogares que se quedan sin televisión varios meses, por la simple circunstancia de la mínima previsión de la consejería de movilidad de la Junta.

Por ello desde UPL no podemos más que lamentar esta situación propiciada por el Gobierno y la propia Junta, que vuelven otra vez a golpear, fundamentalmente, a aquellas personas con mayor vulnerabilidad y también fundamentalmente en el medio rural, lo que demuestra la escasa o nula sensibilidad por parte de ambas administraciones.

Eduardo López Sendino

Vicesecretario de UPL